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Allá por el 2019 Juntos por el Cambio impulsó la creación de una ley de alquileres con el supuesto deseo de mejorar la situación de los inquilinos. Finalmente, la ley se terminó sancionando en 2020 bajo el gobierno de Alberto y el resultado fue desastroso. Básicamente la normativa establecía que el plazo mínimo para un contrato de alquiler pasaría de 2 a 3 años y los aumentos tenían que ser anuales, en un país dónde la inflación es de 3 dígitos y ajustarse utilizando un índice que salía del promedio entre la inflación y los salarios de los trabajadores estables. Contrariamente al objetivo deseado la ley destruyó el mercado de alquileres, muchos propietarios decidieron dejar de alquilar sus propiedades, por lo que bajó la oferta de inmuebles y por consiguiente aumentó el valor de los alquileres. Antes de la vigencia de la ley había una oferta permanente en la ciudad de buenos aires de no menos de 20.000 viviendas y tras la sanción fue bajando paulatinamente hasta llegar hace unos seis meses a tan solo 1.300. Sin embargo desde que entró en vigencia el Decreto de Javier Milei que establece la derogación de la ley de alquileres parece que la situación comenzó a revertirse.